Artículo publicado junto a Isidre Obregon, como fundadores y vocales de la Associació Catalana de Gestió Pública en el diario La Vanguardia el jueves 26 de enero de 2012
La crisis actual ha situado de nuevo en la agenda política cuestiones de fondo sobre el modelo de Estado y de gestión de los asuntos públicos en España: reforma de la Administración, revisión-supresión del Senado, supresión de las diputaciones provinciales, concentración de entes locales, etc.
Las decisiones de contención inmediata están al orden del día: reducir servicios, adelgazar organismos, reducir plantillas, recortar sueldos y condiciones laborales. En cambio, las decisiones de carácter estratégico como las anteriores vuelven a esconderse bajo la profusión y el ruido de las de carácter inmediato. Nuevamente la urgencia política desplaza la importancia de lo estratégico. Además, se está imponiendo una visión estanca: se trata de pasar la crisis y volver a la situación anterior. La situación previa no tiene porque volver, que la crisis es precisamente efecto (aparte de otras razones) de situaciones previas insostenibles y que al mismo tiempo es una oportunidad para cambiarlas. Proponemos recuperar en la agenda los temas estratégicos mencionados y tratarlos adecuadamente, pensando no solo en los efectos inmediatos (ahorro, economía) sino básicamente en un modelo de servicio público que genere valor y que permita dar respuesta ágil y adecuada a las necesidades sociales.
A día de hoy, buena parte de las políticas internacionales, financieras y estructurales se deciden en el ámbito de la Unión Europea, y casi todos los servicios del estado del bienestar se prestan desde las comunidades autónomas. Se estima que cerca del 70% de los trabajadores de la Administración General del Estado realizan funciones poco cualificadas de tipo administrativo, y de acuerdo con la OIT la jornada de un empleado público es en España la más reducida de la Unión Europea. Por todo ello, es necesario repensar el papel del Estado y de su Administración General en la aportación de valor público al conjunto del país. La capacidad de los gobiernos centrales en estados descentralizados o federales no viene dada por el número de ministerios ni de trabajadores públicos, ni correlativamente por el número de competencias, sino por otros valores y funciones: coordinación bien entendida, regulación básica estricta del régimen general, evaluación de políticas, etc. Treinta y tres años después de la promulgación de la Constitución, se impone de una vez por todas repensar la orientación, la organización y el modelo de gestión de los organismos del Estado y llevar a cabo un proceso reforma de las ya viejas estructuras administrativas. No hacerlo va contra la competitividad y la legitimidad ante los ciudadanos.