Artículo de Isidre Obregon y Josep M. Vilalta, socios fundadores de la Asociación Catalana de Gestión Pública, publicado en La Vanguardia el 28 de mayo de 2013
A menudo se reclama la necesidad de emprender medidas estructurales para salir de la crisis. Los gobiernos han tomado iniciativas al respecto, entre ellas algunas relativas a la administración pública y los servicios públicos.
En su 20 aniversario y en el marco emblemático del Parlamento de Cataluña, la Asociación Catalana de Gestión Pública (ACGP) ha reafirmado el compromiso con una administración pública efectiva para alcanzar los propósitos de las políticas públicas que emanan de los gobiernos, por un sector público responsable y transparente. Nuestro diagnóstico de la situación es que las medidas que se están llevando a cabo en los últimos años se centran más en el ajuste que en la reforma, y más en el recorte que en la mejora, tanto en el conjunto del Estado como en Cataluña. En cambio, una medida que consideramos estructural pasa de puntillas por la agenda política y no acaba de concretarse ni hacerse efectiva. Nos referimos a la institucionalización de la dirección pública profesional para ocupar, con garantías de competencia profesional, los puestos de trabajo directivos de las administraciones y las entidades del sector público.
Pese a honrosas excepciones, la clase política intenta maximizar unos beneficios particulares de lo que significa la dirección pública en el sector público. Con esta práctica se aseguran fidelidades y recompensas, pero a menudo se comprometen enormemente la efectividad de los programas públicos y la reputación del propio servicio, a la vez que se empobrece la salud democrática. La institucionalización de la dirección pública profesional es una medida estructural ineludible que debe permitir construir un sector público eficaz, eficiente y al servicio de las necesidades y las demandas sociales. Tenemos buenos ejemplos en otros países europeos como, por ejemplo, los Países Bajos o el Reino Unido. Es necesario, en este sentido, fomentar el flujo virtuoso de doble sentido: del político al directivo aportando legitimidad democrática y dirección política, y del directivo al político suministrando efectividad de las políticas y buen gobierno. Requerimos madurez política y un sentido democrático profundo para adoptar esta medida. En esta línea, reclamamos que los partidos y la clase política en general de nuestro país tomen en consideración y apliquen la propuesta de la institucionalización de la dirección pública profesional por el bien de un sector público competitivo y al servicio de los ciudadanos.
